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Nada que celebrar en el “Día Mundial de la Persona Alertadora de Corrupción”

Por Roberto Macías.

El pasado 23 de Junio, se celebró  el “Día Mundial de los Alertadores de Corrupción”. Un día que sirve a nivel internacional para poner en valor y reconocer la extraordinaria función que cumplimos los whistleblowers en el esclarecimiento de los casos de corrupción.

Un día tan relevante que pasó totalmente desapercibido para todos los grupos políticos. Lo que puede significar que les importamos un bledo. Seguimos siendo invisibles e ignorados por la clase política. Esa que se rasga las vestiduras y golpean con fuerza sus pechos, cada vez que se habla de la lucha contra la corrupción.  Pero en el Día Mundial de los Alertadores de Corrupción, ni una sola mención, ni un exiguo tuit, para reconocer el valor de las personas alertadoras de corrupción. Muestran una vez su miseria política y humana.

Sin duda, tenemos la (peor) clase política. Incapaz de tramitar una ley, que llevamos años reclamando asociaciones, expertos y víctimas de la corrupción. Una iniciativa que todos reconocen necesaria e imprescindible en la lucha contra corrupción.  Pero desde febrero del 2017, sigue atrapada en el Congreso de los Diputados. Fíjense, la pobreza moral y política, que cuatro años después no hay ningún avance tangible. Ahora, tienen que transponer la Directiva Europea 1937/2019, relativa a las personas que informan actos de corrupción. Todo parece indicar que no llegará para la fecha prevista: 17 de diciembre de 2021.

En el reino de los delincuentes, las leyes que deben acabar con la impunidad, el fraude y la corrupción, no cuentan con ningún apoyo real y efectivo. Salvo las propias víctimas que seguimos insistiendo de forma permanente, constante y desinteresada. Estamos solos frente a un sistema que se niega a protegernos. Por eso, quiero poner en valor y destacar la lucha de las personas que a pesar de las circunstancias adversas mantienen su activismo:

Luis Gonzalo Segura.  Ex teniente del Ejército de Tierra, expulsado en junio de 2015 por denunciar corrupción, abusos y privilegios anacrónicos.  Ahora, dedica parte de su tiempo en investigar, informar y exponer las corruptelas del Ejército español. Es autor del libro El Ejército de Vox (2019),  libro negro del Ejército Español (2017), así como de las novelas Un paso al frente (2014) y Código rojo (2015).  Gracias a su esfuerzo puedo expresarme a través de su sitio web; que servirá de altavoz para todas las personas que somos perseguidas por este rancio sistema.

Ana Garrido Ramos. Ex funcionaria del Ayuntamiento de Boadilla del Monte en la Comunidad de Madrid. Su denuncia fue clave para destapar el mayor escándalo de corrupción política en España: La trama Gürtel, relativa a la financiación ilegal del Partido Popular. Ana Garrido, como muchas otras personas que alertan corrupción, tuvo forzosamente que reinventarse después de ser despedida para seguir subsistiendo. Ana Garrido, decidió explorar su faceta como emprendedora, dedicándose a la venta de bisutería y abalorios que ella misma confecciona.  En su sitio web https://chicayeye.es/, podéis encontrar sus últimos diseños y novedades.

Azahara Peralta y Gracia Ballesteros. Denunciantes del caso ACUAMED, acrónimo de las Aguas de las Cuencas Mediterráneas S.A. se trata de una sociedad estatal dependiente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, encargada del desarrollo del programa de actuaciones en las cuencas mediterráneas. Su denuncia sirvió para investigar un fraude millonario por parte de esta empresa estatal de aguas que actualmente investiga la Audiencia Nacional.  El calvario de Azahara Peralta y Gracia Ballesteros, se ve reflejado en las presiones, amenazas, acoso, despido y en el linchamiento mediático que sufren por parte de medios de la derecha más rancia.

Roberto Martínez y María José Alarcón (Plataforma de Afectados BBService). Son los nombres y rostros de las personas valientes que alertaron el mayor fraude conocido en las residencias de tiempo libre. Recientemente, se cumplieron cinco años de las investigaciones contra el grupo BBservice, que la Guardia Civil desarticuló el 23 de febrero de 2016. La alerta de un grupo de trabajadores ayudó a destapar la mayor estafa conocida en el sector de las residencias que afectó a más de 750 mayores, que recibieron una asistencia en muchos casos lamentable, y a 2.000 empleados. Algunos de ellos estuvieron hasta siete meses trabajando sin cobrar sus salarios y se enfrentaron a graves situaciones de precariedad económica, desahucios incluidos. Es el precio que Roberto Martínez y María José Alarcón, tuvieron que pagar por alertar de esta asquerosa trama de corrupción.

Jaime González Díaz. Siendo funcionario del servicio de contratación de la consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, denunció en 2015 una serie de irregularidades en los contratos firmados para el Plan Infoca 2015-2018 (plan de la Junta andaluza para la lucha contra los incendios en parajes naturales). Por su extensión en casi todas las comunidades, se terminó unificando en una macrocausa en la Audiencia Nacional, de lo que se conoce mediáticamente como el cártel del fuego.

A raíz de aquella denuncia ha sufrido el acosado, la apertura de un expediente y sancionado por sus superiores. Perseguido, acosado y represaliado por exponer la putrefacción en la Junta de Andalucía. Un hombre que a pesar de la adversidad sigue intentando garantizar el futuro de otros alertadores con la creación de una asociación “Alianza Contra la Corrupción”.

Francisco José Sánchez del Águila Ramón. Fue letrado Municipal externo del Ayuntamiento de El Ejido (1987-2008): cesado como denunciante principal y testigo principal -de cargo del Fiscal- de la Operación Poniente. Otro caso de corrupción que afecta al Partido Popular en Andalucía. Actualmente es Presidente de la Asociación Mediterránea Anti corrupción y por la Transparencia (AMAyT) que lleva innumerables asuntos anticorrupción en todo el territorio nacional (Trama Amat, Caso Hispano Almería, Operación Poniente, Medios de Comunicación, corrupción en Coto de Doñana, vertidos residuales en la Costa Tropical, impugnación ante el Constitucional de la Ley de Contratos del Estados y otros). Pero sobre todo, destaca por la defensa leal y valiente, que hace en mi caso contra la UGT Andalucía.

En mis próximas intervenciones en esta columna, seguiré citando la lucha de otras personas valientes que por su trayectoria merecen mi reconocimiento y admiración. Personas que han sacrificado todo por el interés general y, siguen sufriendo las represalias a pesar de la aprobación de una Directiva Europea 1937/2019, que se supone les protege de todo tipo de represalias. Pero en España, el derecho comunitario es ignorado por los tribunales nacionales…

Roberto Macías, candidato a los VI premios Hay Derecho

Formo parte de un reducido grupo de rebeldes, soñadores y perseguidos. Personas idealistas que en algún momento, impulsadas por la fuerza de la verdad, decidieron salir de la clandestinidad para luchar contra la corrupción, los abusos y las injusticias que comenten los poderosos. Sin contemplarlo, nos convertimos en una nueva resistencia social que  salió a defender la transparencia, decencia y honradez en la vida pública. Pues, creemos firmemente que  debemos rescatar la cosa pública de las garras de las mafias que viven de su permanente explotación.

Y por rebelarnos contra este sistema putrefacto y déspota, hemos sido perseguidos como si fuéramos una peligrosa bestia que pone en peligro la paz social. Nos han sometido a un intenso acoso y derribo, solamente por defender por nuestra dignidad, libertad y verdad. Por decir la verdad, hemos sido atropellados sin contemplación por una perversa maquinaria que castiga a las personas que rompen el silencio.

Lo que cuento no es una ensoñación, ni es tampoco un delirio veraniego. Hace unos días, pude comprobar que los alertadores de corrupción, estamos sometidos a una exhaustiva vigilancia, riguroso control y permanente acoso. Vigilan con lupa cada uno de nuestros actos para intentar torpedear cada uno de nuestros proyectos y sueños. Intentan provocar nuestro hundimiento con el objetivo perverso de ahogar nuestras voces en un mar de desesperación y abatimiento.

El escenario es siniestro. Pues, la realidad que enfrentamos es desgarradora.  Debo admitir y reconocer que hay miserables sicarios digitales que buscan la muerte civil del alertador-informante. Asesinos virtuales,  que conspiran para despojarnos de nuestros sueños y alegrías. Las mafias y sus esbirros, amplían sus represalias cada vez que intentamos recomponer nuestra existencia.

Vivimos entre psicópatas que tienen el corazón podrido de odio y venganza. La maldad humana se materializa con las personas que deciden enfrentar el sistema imperante. Intentan despojarnos de todo, para convertirnos en un insignificante saco de huesos. Nos quieren hacer creer que nuestras vidas no valen nada y es mejor quitarse la existencia.

Escribo este texto,  después de haber sido informado que algún servil lacayo, haya intentado reventar mi candidatura en los VI premios que otorga la Fundación Hay Derecho.  Se les va la vida, intentando manchar mi  buen nombre. Pretenden ensuciarlo con dudas y sospechas sobre mi persona.

Ahora, siento míos los versos de Salvador Díaz Mirón: “Hay plumajes que cruzan el pantano y no se manchan… ¡mi plumaje es de esos!”.

Sirvan estas líneas, para invitarles apoyar mi candidatura. Quiero pedirles una vez más su apoyo para seguir recomponiendo mi fragmentada existencia. Su voto no es para alimentar mi ego, es para ganar la partida que tengo con la vida y los pegalagambas.

Les comparto el link, de las votaciones:

https://hayderecho.com/votaciones-premio-hay-derecho-2021/

La mayor pantomima del Gobierno Andaluz: La lucha contra la corrupción

El pasado 9 de junio, se aprobó en el Parlamento Andaluz, la Ley contra el Fraude y la Corrupción en Andalucía y la protección de los alertadores. Una iniciativa impulsada por Ciudadanos y secundada por el PP y VOX; partidos que conforman el triángulo dorado de la derecha política.

Cabe recordar que la corrupción endémica y estructural en Andalucía, tiene su origen en los gobiernos socialistas. Treinta y seis años de corrupción política provocaron un grave deterioro de nuestra vida pública, pues ¿Qué sociedad se puede vivir entre tanto tiempo en la inmundicia? La respuesta es fácil: ninguna. Pues ninguna persona de bien puede acostumbrarse a vivir entre las desigualdades, la exclusión, la pobreza o las injusticias que genera la corrupción.

La Administración falló en su misión de defender el interés  general y salvaguardar el dinero público. Las poderosas redes clientelares y los miles de estómagos agradecidos favorecieron la perjudicial cultura política de la corrupción. Así es como este sistema pudo extenderse por todos los rincones de la inmensa Administración y convertirse en el principal enemigo público.

Casos sangrantes como los ERE, los cursos de formación, las residencias de tiempo libre, las facturas falsas de la UGT y muchos otros demuestran que hubo un escandaloso festín con fondos públicos. La Junta de Andalucía se convirtió en un codiciado botín para todos los bandoleros reconvertidos en grupos políticos. Sin duda, nuestra comunidad ha sido saqueada por grandes bandoleros que se escudaron en las banderas del socialismo o sindicalismo.

Ante este escenario desolador, la sociedad harta de tantísima indecencia, impunidad, corrupción y cinismo permitió la llegada de los Populares y de Ciudadanos, con la anuencia de VOX. Se iniciaba, así, una nueva etapa con un claro mandato ciudadano: Acabar con la corrupción.

Y no solamente acabar con las prácticas corruptas que se vinieron perpetuando en la Administración. Sino impulsar medidas efectivas para regenerar este sistema caduco y rancio. Por supuesto, la protección de personas alertadoras se convirtió en una exigencia social, pues se ha demostrado que los alertadores de corrupción favorecemos la rendición de cuentas, la transparencia, la ética pública, la integridad social, etc. Proteger a los denunciantes es una medida que distintos colectivos llevamos años reclamando a todos los poderes públicos, al considerar que no hay nada más efectivo y eficiente para combatir la corrupción que proteger a las personas que encienden las alarmas para detectar o prevenir irregularidades.

Pero el discurso político dice una cosa y la realidad otra muy distinta. Dicen luchar y enarbolar la lucha contra la corrupción, pero con sus actos le dan vida. Por ejemplo, el caso de la financiación ilícita de la UGT Andalucía, popularmente conocido bajo el nombre de las “facturas falsas”, es una muestra más de ello. Recientemente hemos conocido por el periodista Antonio Vega, del periódico ABC, que: «El Gobierno andaluz ha aceptado el plan de pago fraccionado de su deuda presentado por el sindicato para eludir las fianzas impuestas por los tribunales y acceder así a nuevas ayudas de la Administración». Un fraccionamiento de 40 millones de euros a 15 años que permitirá a la organización que dirige Carmen Castilla seguir recibiendo subvenciones públicas, aun cuando todavía no han pedido perdón a los andaluces y andaluzas por el saqueo sistemático de las subvenciones bajo la dirección de Manuel Pastrana Casado y Francisco Fernández Sevilla.

El Gobierno del Partido Popular pasó de denunciar el fraude sindical a subvencionarlo de nuevo con 546.000 euros. En concreto la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo de la Junta de Andalucía firmó un convenio por el que se instrumenta una subvención nominativa prevista en la Ley 6/2019, firmado en Sevilla el 18 de diciembre del 2020.

Es más que evidente que los Populares y Ciudadanos siguen subvencionando las “actividades sindicales” para mantener los perfectos equilibrios en el cortijo andaluz. Todo vale con tal de garantizar la paz social y conservar el establishment de la corrupción.

Por ello, sostengo que la lucha contra la corrupción es una pantomima del Gobierno Andaluz. No han pasado 48 horas desde la aprobación de la Ley Antifraude y ya conocemos el indulto económico al sindicato de las mariscadas.