
El 1 de julio de 2019 se publica una noticia en la que se denuncia que la alimentación de la UME mientras estuvieron apagando incendios fue deficiente, además de permanecer hasta 16 horas sin agua. Además, se informó que la UME había gastado en raciones de aprovisionamiento especiales para militares de la UME por valor de 640.000 euros.
Ello, para los que conocemos el mundo militar, sabemos que no es ni mucho menos infrecuente, de hecho, en los últimos años se han producido múltiples denuncias al respecto y se han producido no pocos escándalos relacionados con la alimentación de los militares.
Tras ello, varios partidos políticos protestaron y la noticia alcanzó relevancia mediática.
Tres días después, el 4 de julio, publiqué un tuit a las 12:40 horas en el que consideré que dar de comer un sándwich con cuatro lonchas de chorizo a militares cuando se han gastado 640.000 euros en raciones y dejarles sin agua durante 16 horas suposo una negligencia, una corruptela, una golfería o todo junto. ¿Acaso no lo parece? Y responsabilicé al jefe de la UME, ¿a quién si no? ¿Al jardinero?
Ese mismo día:
- Margarita Robles y el teniente general de la UME fueron informados sobre mi tuit por sus respectivos gabinetes. Dos de los gabinetes militares más importantes del Ejército español informando sobre un tuit.
- La ministra Margarita Robles, que no había llamado durante tres días al jefe de la UME por el escándalo de la deficiente alimentación de los militares, llamó al teniente general de la UME para informarle personalmente de mi tuit.
- Después, la misma ministra, ese mismo día, me denunció en persona.
Un tuit que, merece la pena contextualizar, tan solo obtiene setecientos u ochocientos retuiteos cuando la mala alimentación de los militares de la UME genera múltiples noticias en medios y agencias, varias protestas públicas de partidos políticos, preguntas parlamentarias e incluso tiene espacio en programas de radio y televisión. Por lo tanto, la ministra de Defensa y el jefe de la UME, y sus respectivos gabinetes, ocuparon una parte considerable del día 4 de julio de 2019 a un tuit que ni siquiera puede considerarse como viral, máxime por tratarse de un asunto que generó enorme ruido mediático.
Si a ello le sumamos que el teniente general de la UME, supuesto afectado por el tuit, no se personó en el caso hasta después de la apertura del juicio oral, la verdad es que parece más un ajuste de cuentas de la ministra de Defensa con un crítico que una denuncia de ofensa al honor.
Tercera denuncia rechazada, segunda de una ministra de Defensa
Deberíamos, además, añadir que la ministra de Defensa es magistrada de gran experiencia, por lo que, o bien carece de los suficientes conocimientos para saber que la denuncia tenía escaso recorrido judicial o bien le sobra conocimiento al respecto. Y la verdad, no sé qué resulta más preocupante, si saber que tenemos como ministra de Defensa a una magistrada de escasos conocimientos jurídicos o si nos encontramos ante una ministra que dedica sus esfuerzos, los de Defensa y los de la Fiscalía a monitorizar y a perseguir a uno de los pocos críticos existentes. Ello, además, con total desprecio por la Justicia, las finanzas públicas o el colapso judicial actual.
Pero si también añadimos que no se trata de la primera denuncia de una ministra, sino la segunda, porque María Dolores de Cospedal también me denunció, en esta ocasión por una opinión en un diario al respecto de la muerte de siete militares en dos siniestros aéreos, la situación se torna alarmante. Cospedal, que es Abogado del Estado, con lo que algún conocimiento se le presupone al respecto, también me denunció sin éxito. Como tampoco fructificó la denuncia interpuesta por la Guardia Civil por una viñeta satírica en la revista El Jueves en la que denunciábamos la alta tasa de suicidios en la Benemérita.
Desgraciadamente para los ciudanos, tanto la Guardia Civil como las dos últimas ministras de Defensa me denunciaron utilizando a la Fiscalía General, es decir a costa de los ciudadanos. Y a costa de los ciudadanos las tres denuncias quedaron archivadas.
Más increíble resulta que haya militares que se juegan la vida en pésimas condiciones o que fallecen en siniestros terribles que podrían evitarse –de los siete militares que fallecieron cuatro lo hicieron en un primer siniestro y tres, incluido uno de los supervivientes del primer siniestro, en el segundo–; o que haya guardiaciviles que se suicidan en tasas muy superiores a las que se dan en la sociedad; pero el único perseguido judicialmente e investigado por ello haya sido yo: por un tuit, por una opinión y por una viñeta.
Diría, la verdad, que no creo que en Europa se encuentre otra persona que haya sido denunciado por las dos últimas ministras de Defensa de su país y por un cuerpo armado policial y una asociación de oficiales de este y haya ganado en todas las ocasiones.
Sin embargo, lo triste, y quizás el motivo que subyace en este tipo de temerarias denuncias, se encuentra en que aun ganando, pierdo: el coste del abogado durante el proceso no lo tiene que pagar la otra parte, el cierre de las denuncias no genera coste alguno a las ministras o a la Guardia Civil y la campaña de desprestigio sufrida en su momento fue bestial. El comunicado en el que se afirmaba que había sido denunciado fue publicado en prácticamente todos los medios españoles y fue difundido por las agencias. Por ello, la mayoría, hoy, solo sabe que he sido denunciado e incluso creerá que he sido condenado porque muy pocos medios han publicado mi absolución. Y esta es la función de este tipo de estrategias legales del Estado español: asfixiarme económica, desgastarme y desprestigiarme. Ello, mientras los muertos se siguen acumulando y el maltrato a los militares o los guardias civiles no cesa.
Esta estrategia estatal orquestada de persecución a un alertador de corrupción, un crítico que ha destapado no pocos escándalos –incluyendo el último chat en el que se hablaba sobre fusilar a 26 millones de españoles–, no puede quedar aquí. Y no quedará.
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