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La mayor pantomima del Gobierno Andaluz: La lucha contra la corrupción

El pasado 9 de junio, se aprobó en el Parlamento Andaluz, la Ley contra el Fraude y la Corrupción en Andalucía y la protección de los alertadores. Una iniciativa impulsada por Ciudadanos y secundada por el PP y VOX; partidos que conforman el triángulo dorado de la derecha política.

Cabe recordar que la corrupción endémica y estructural en Andalucía, tiene su origen en los gobiernos socialistas. Treinta y seis años de corrupción política provocaron un grave deterioro de nuestra vida pública, pues ¿Qué sociedad se puede vivir entre tanto tiempo en la inmundicia? La respuesta es fácil: ninguna. Pues ninguna persona de bien puede acostumbrarse a vivir entre las desigualdades, la exclusión, la pobreza o las injusticias que genera la corrupción.

La Administración falló en su misión de defender el interés  general y salvaguardar el dinero público. Las poderosas redes clientelares y los miles de estómagos agradecidos favorecieron la perjudicial cultura política de la corrupción. Así es como este sistema pudo extenderse por todos los rincones de la inmensa Administración y convertirse en el principal enemigo público.

Casos sangrantes como los ERE, los cursos de formación, las residencias de tiempo libre, las facturas falsas de la UGT y muchos otros demuestran que hubo un escandaloso festín con fondos públicos. La Junta de Andalucía se convirtió en un codiciado botín para todos los bandoleros reconvertidos en grupos políticos. Sin duda, nuestra comunidad ha sido saqueada por grandes bandoleros que se escudaron en las banderas del socialismo o sindicalismo.

Ante este escenario desolador, la sociedad harta de tantísima indecencia, impunidad, corrupción y cinismo permitió la llegada de los Populares y de Ciudadanos, con la anuencia de VOX. Se iniciaba, así, una nueva etapa con un claro mandato ciudadano: Acabar con la corrupción.

Y no solamente acabar con las prácticas corruptas que se vinieron perpetuando en la Administración. Sino impulsar medidas efectivas para regenerar este sistema caduco y rancio. Por supuesto, la protección de personas alertadoras se convirtió en una exigencia social, pues se ha demostrado que los alertadores de corrupción favorecemos la rendición de cuentas, la transparencia, la ética pública, la integridad social, etc. Proteger a los denunciantes es una medida que distintos colectivos llevamos años reclamando a todos los poderes públicos, al considerar que no hay nada más efectivo y eficiente para combatir la corrupción que proteger a las personas que encienden las alarmas para detectar o prevenir irregularidades.

Pero el discurso político dice una cosa y la realidad otra muy distinta. Dicen luchar y enarbolar la lucha contra la corrupción, pero con sus actos le dan vida. Por ejemplo, el caso de la financiación ilícita de la UGT Andalucía, popularmente conocido bajo el nombre de las “facturas falsas”, es una muestra más de ello. Recientemente hemos conocido por el periodista Antonio Vega, del periódico ABC, que: «El Gobierno andaluz ha aceptado el plan de pago fraccionado de su deuda presentado por el sindicato para eludir las fianzas impuestas por los tribunales y acceder así a nuevas ayudas de la Administración». Un fraccionamiento de 40 millones de euros a 15 años que permitirá a la organización que dirige Carmen Castilla seguir recibiendo subvenciones públicas, aun cuando todavía no han pedido perdón a los andaluces y andaluzas por el saqueo sistemático de las subvenciones bajo la dirección de Manuel Pastrana Casado y Francisco Fernández Sevilla.

El Gobierno del Partido Popular pasó de denunciar el fraude sindical a subvencionarlo de nuevo con 546.000 euros. En concreto la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo de la Junta de Andalucía firmó un convenio por el que se instrumenta una subvención nominativa prevista en la Ley 6/2019, firmado en Sevilla el 18 de diciembre del 2020.

Es más que evidente que los Populares y Ciudadanos siguen subvencionando las “actividades sindicales” para mantener los perfectos equilibrios en el cortijo andaluz. Todo vale con tal de garantizar la paz social y conservar el establishment de la corrupción.

Por ello, sostengo que la lucha contra la corrupción es una pantomima del Gobierno Andaluz. No han pasado 48 horas desde la aprobación de la Ley Antifraude y ya conocemos el indulto económico al sindicato de las mariscadas.