Por Manuel Ruiz Robles
El análisis de la actual situación militar española requiere remontarse al origen y evolución de las Fuerzas Armadas de Franco, origen vinculado al fascismo de los años 30. El nazismo fue derrotado en el resto de Europa, militar y políticamente, en los años 40 del siglo pasado. El régimen nazi de Adolf Hitler finalizó con la rendición de Alemania en mayo de 1945, seguida de los juicios de Núremberg. En ellos se decantaron las responsabilidades por los crímenes cometidos contra la Humanidad, perpetrados en nombre del III Reich Alemán desde 1939 hasta su caída.
En España, el fallido golpe militar de 1936 fue el inicio de la agresión nazi a los pueblos de Europa. El gigantesco apoyo de la poderosa maquinaria de guerra alemana a la fracción sublevada del ejército español revertió el fracaso inicial del golpe, concluyendo la guerra con la instauración de la dictadura nacional católica del general Franco y la formación de un ejército clerical fascista. Esta fue consolidada a partir del año 1953 con las bendiciones del Gobierno de los EE.UU. de América, al que emularon los Gobiernos de los demás países de su órbita. La reforma de la dictadura comenzó a partir del 20 de noviembre de 1975, fecha de la muerte del dictador. Sus efectos jurídicos aún perduran.
La sublevación militar recibió inicialmente el apoyo de Juan Borbón, hijo de Alfonso XIII, padre de Juan Carlos I y abuelo de Felipe VI, que se ofreció a combatir a bordo de los buques sublevados, a las órdenes de Franco, contra el Gobierno legítimo de la II República; apoyo que este declinó. Años después envió a su hijo Juan Carlos a “formarse” a las órdenes del “caudillo” en aquella España martirizada; el lado bueno de la historia, según la presidenta saliente de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso .
En 1947 la dictadura proclamaba el Reino de España, establecía la jefatura vitalicia del “generalísimo” Franco y los mecanismos de sucesión. Años después, en 1969, el general Franco designaba como su sucesor a Juan Carlos Borbón. De este modo el dictador fundó una nueva dinastía borbónica cuyo primer eslabón es el propio dictador genocida. De hecho Juan Carlos I fue el último jefe de la dictadura, actualmente huido y refugiado en los Emiratos Árabes a la espera de acontecimientos judiciales, debido a presuntos delitos económicos investigados por la Fiscalía Suiza.
De las raíces del fascismo militar español, que anida jurídicamente en la Jefatura del Estado, brota amenazante un nuevo fascismo incivil. Lo hace como gangrena que se extiende por el tejido social, propagada por la agitación política y el odio que la extrema derecha vomita desde los medios a su servicio. Y lo que es más grave, desde las bancadas de la derecha monárquica, descaradamente ultra, en el Congreso de los Diputados.
A esto hay que añadir la sarta de disparates que la Sra. Ayuso suele formular desde los medios, que incluye el blanqueamiento del fascismo, revictimizando a millones de personas masacradas en Europa por el nazi-fascismo en los años 30 y 40 del siglo pasado. Declaraciones delirantes que abochornan a todos los demócratas españoles ante los países de la Unión Europea, con gran regocijo de muchos dirigentes de su partido, y la alarma creciente de otros no tan descarriados.
Especialmente peligrosa es la actuación de la ultraderecha militar, persiguiendo a militares demócratas. El poder que detenta no procede únicamente de estar infiltrada en los altos escalones de mando en las Fuerzas Armadas españolas, sino también por apoyarse en su anacrónica justicia militar y en las informaciones privilegiadas que el secretismo de las estructuras militares facilita, especialmente de los llamados servicios de inteligencia. Todo ello con la tolerancia cuando no connivencia de la actual ministra de defensa.
Prueba de ello son los recientes escándalos de militares de alta graduación, así como la presencia de muchos de sus correligionarios entre los diputados de Vox, hasta hace bien poco en activo, ocupando altos puestos en la cadena de mando militar, cuyo primer eslabón es el Rey; según el articulo 62h de la Constitución Española del 1978:
Corresponde al Rey: h) El mando supremo de las Fuerzas Armadas.
SIN EMBARGO, DICHO ARTÍCULO SE CONTRADICE CON EL ARTÍCULO 97, QUE DICE:
El Gobierno dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado.
No obstante, para intentar acotar en sus justos términos la efectividad real del citado Artículo 97, en lo que atañe a lo castrense, es preciso tener en cuenta la psicología militar, contraria por esencia a toda injerencia en lo que considera ajeno a la cadena de mando militar propiamente dicha, quedando excluidos de ella, consciente o inconscientemente, cualquier cargo civil.
Por ello, el primer eslabón de la cadena de mando -asumido así por lo que podríamos denominar el inconsciente colectivo militar, es decir las pulsiones más profundas de su psicología de grupo- es el Rey seguido de todos los demás escalones de la jerarquía militar.
En condiciones “normales”, todo parecerá como si los altos cargos civiles del Ministerio de Defensa -Ministra, Secretarios de Estado, Directores Generales, etc.- fuesen respetados y debidamente obedecidos; sin embargo, se trata de una obediencia más formal que real; en su fuero interno seguirán siendo percibidos como “paisanos”, una clase diferente. Esta aberración es consecuencia de la mala pedagogía militar del régimen del 78, que ha seguido potenciando internamente, durante varias décadas, los valores antidemocráticos derivados del franquismo y de las tradiciones más reaccionarias del ejercito español.
La estructura de los ejércitos, pese a la falsa imagen de “familia militar” a la que se refirió en la pascua militar la inefable Margarita Robles, dista mucho de ser un conjunto homogéneo. En ellos se reflejan, de forma muy peculiar, los antagonismos de clase existentes en la sociedad, cuya principal diferencia es la estructura vertical de las Fuerzas Armadas (FAS) y el control ideológico y disciplinario, prácticamente absolutista, que ejercen las estructuras de mando sobre el conjunto de los miembros de los ejércitos.
Opresión que se ejerce de forma especialmente intensa sobre la Tropa y Marinería, la parte más desprotegida y peor pagada de las FAS, que además son expulsados del servicio activo a la edad de 45 años; muchos de ellos y ellas con familia e hijos menores en edad escolar, quedando dependientes de una pensión de cuantía miserable, a todas luces insuficiente para sobrevivir dignamente.
A veces, son los denunciantes de corrupción los militares expulsados y arrojados definitivamente al paro, por la persecución implacable que sufren aquellos y aquellas que adoptan actitudes dignas frente a las irregularidades detectadas, como lo han sido recientemente los compañeros/as que cito a continuación: el Oficial del Ejército Luis Gonzalo Segura, el Cabo del Ejército Marco A. Santos, el Cabo del Ejército Jenner López, la Soldado del Ejército Cristina Valdearcos.
Consecuencia de ello es, no solo la inexistencia de sindicatos militares, sino la persecución implacable instada por las autoridades civiles y militares y ejecutada por una justicia militar anacrónica, cuando militares conscientes han intentado crearlos; sindicatos que son completamente legales en la mayoría de los ejércitos de nuestro entorno europeo.
No es extraño que esto suceda, pues fueron los pactos de la “modélica” Transición los que impidieron que se normalizase en las Fuerzas Armadas lo que es normal en la sociedad; es decir las ideologías de los partidos que el pueblo elige para su representación en el Parlamento español; excepto en el Senado, pues cierta proporción de senadores lo fueron en aquella época decisiva por designación real; en concreto, 41 senadores fueron elegidos directamente por el Rey.
Por ello, la Ley de Amnistía de 15 de octubre de 1977 -que amnistió todo tipo de delitos de sangre, incluidos los de genocidio, que no prescriben- no solo no incluyó a los compañeros de la Unión Militar Democrática (UMD), expulsados del ejército en consejo de guerra, sino que se redactó de forma que pudiesen ser expulsados, con posterioridad a su promulgación, otros compañeros que aún no habían sido juzgados por su pertenencia a la UMD; como lo fue el entonces capitán de aviación, piloto de reactores, José Ignacio Domínguez, condenado en sentencia dictada el 27 de diciembre de 1977. Es decir, por hechos anteriores a la promulgación de la ley y a las primeras elecciones “democráticas” del 15 de junio de 1977: Véase página 262 de HECHOS VERIDICOS DEL CAPITAN DOMINGUEZ, por Fidel Gómez Rosa. Europa Ediciones.
El pretexto para tan grave injusticia, perpetrada por las llamadas “Cortes Constituyentes”, fue la de preservar la unidad del ejército para evitar una nueva guerra civil. Este argumento falaz sirvió para hacer creer que el Rey era garante imparcial de esa pretendida unidad. Un inmenso error que condujo a priorizar de hecho los ascensos de los militares monárquicos (generalmente franquistas) en detrimento de los demócratas. Esto explica en parte el porqué, cuarenta años después, la presencia de franquistas entre los cuadros de mando del ejército es tan apabullante.
Una parte considerable de los ejércitos españoles del siglo XXI sigue, de forma alarmante, anclada ideológicamente en los valores aberrantes del franquismo, como todo el mundo ha podido constatar recientemente.
El más elemental análisis político pone al descubierto que -de no reflejarse en el ejército, de forma más equilibrada, la correlación de fuerzas existentes en la sociedad- este acaba abandonando su neutralidad formal y pasa al activismo político de extrema derecha, lo que aumenta el riesgo de conflicto y enfrentamiento con el poder ejecutivo legítimamente constituido.
Esta disfunción política en el seno del ejército se hace potencialmente explosiva cuando la correlación de fuerzas en la sociedad cambia claramente a favor del pueblo trabajador, como de hecho sucedió en Chile (1973) con el golpe del general Pinochet y en Argentina (1976) con el golpe del general Videla, el asesino temeroso de Dios. Un ejército manipulado por una ideología ultraconservadora acaba destruyendo por la fuerza bruta de las armas cualquier proceso democrático favorable a sus pueblos.
El golpe militar en Chile contra el Gobierno del socialista Salvador Allende fue llevado a cabo a fin de aplicar de forma brutal las políticas económicas neoliberales sustentadas por Milton Friedman y sus llamados “Chicago Boys”. Estas consisten esencialmente en la destrucción paulatina del llamado estado del bienestar, privatizando lo público en favor de los grandes monopolios. Finalmente se acaba empobreciendo a la clase trabajadora, dejando desasistidas a las capas populares; todo ello en beneficio de las clases altas que pasan a absorber una mayor proporción de la riqueza producida.
Esta es, obviamente, la estrategia que la derecha económica está llevando a cabo desde la Comunidad de Madrid, a fin de extenderla, mediante el acoso y derribo del actual Gobierno de España, al resto de Comunidades Autónomas.
Una prueba evidente de lo relatado más arriba es la persecución iniciada por una de las asociaciones de militares de ultraderecha, denominada Tercios Viejos Españoles, que preside el coronel en servicio activo Luis García-Mauriño, contra la asociación Ciudadanos de Uniforme, un colectivo de militares denunciante de irregularidades en el Ejército, que forma parte del fraternal Movimiento Militar Democrático, amplio y diverso, entre los que se encuentra el colectivo de militares demócratas y republicanos Anemoi, del que me honro en ser miembro fundador.
Manuel Ruiz Robles, Capitán de Navío de la Armada, ex miembro de la UMD, miembro de Anemoi, socio del Foro Milicia y Democracia, presidente federal de Unidad Cívica por la República.