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Nada que celebrar en el “Día Mundial de la Persona Alertadora de Corrupción”

Por Roberto Macías.

El pasado 23 de Junio, se celebró  el “Día Mundial de los Alertadores de Corrupción”. Un día que sirve a nivel internacional para poner en valor y reconocer la extraordinaria función que cumplimos los whistleblowers en el esclarecimiento de los casos de corrupción.

Un día tan relevante que pasó totalmente desapercibido para todos los grupos políticos. Lo que puede significar que les importamos un bledo. Seguimos siendo invisibles e ignorados por la clase política. Esa que se rasga las vestiduras y golpean con fuerza sus pechos, cada vez que se habla de la lucha contra la corrupción.  Pero en el Día Mundial de los Alertadores de Corrupción, ni una sola mención, ni un exiguo tuit, para reconocer el valor de las personas alertadoras de corrupción. Muestran una vez su miseria política y humana.

Sin duda, tenemos la (peor) clase política. Incapaz de tramitar una ley, que llevamos años reclamando asociaciones, expertos y víctimas de la corrupción. Una iniciativa que todos reconocen necesaria e imprescindible en la lucha contra corrupción.  Pero desde febrero del 2017, sigue atrapada en el Congreso de los Diputados. Fíjense, la pobreza moral y política, que cuatro años después no hay ningún avance tangible. Ahora, tienen que transponer la Directiva Europea 1937/2019, relativa a las personas que informan actos de corrupción. Todo parece indicar que no llegará para la fecha prevista: 17 de diciembre de 2021.

En el reino de los delincuentes, las leyes que deben acabar con la impunidad, el fraude y la corrupción, no cuentan con ningún apoyo real y efectivo. Salvo las propias víctimas que seguimos insistiendo de forma permanente, constante y desinteresada. Estamos solos frente a un sistema que se niega a protegernos. Por eso, quiero poner en valor y destacar la lucha de las personas que a pesar de las circunstancias adversas mantienen su activismo:

Luis Gonzalo Segura.  Ex teniente del Ejército de Tierra, expulsado en junio de 2015 por denunciar corrupción, abusos y privilegios anacrónicos.  Ahora, dedica parte de su tiempo en investigar, informar y exponer las corruptelas del Ejército español. Es autor del libro El Ejército de Vox (2019),  libro negro del Ejército Español (2017), así como de las novelas Un paso al frente (2014) y Código rojo (2015).  Gracias a su esfuerzo puedo expresarme a través de su sitio web; que servirá de altavoz para todas las personas que somos perseguidas por este rancio sistema.

Ana Garrido Ramos. Ex funcionaria del Ayuntamiento de Boadilla del Monte en la Comunidad de Madrid. Su denuncia fue clave para destapar el mayor escándalo de corrupción política en España: La trama Gürtel, relativa a la financiación ilegal del Partido Popular. Ana Garrido, como muchas otras personas que alertan corrupción, tuvo forzosamente que reinventarse después de ser despedida para seguir subsistiendo. Ana Garrido, decidió explorar su faceta como emprendedora, dedicándose a la venta de bisutería y abalorios que ella misma confecciona.  En su sitio web https://chicayeye.es/, podéis encontrar sus últimos diseños y novedades.

Azahara Peralta y Gracia Ballesteros. Denunciantes del caso ACUAMED, acrónimo de las Aguas de las Cuencas Mediterráneas S.A. se trata de una sociedad estatal dependiente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, encargada del desarrollo del programa de actuaciones en las cuencas mediterráneas. Su denuncia sirvió para investigar un fraude millonario por parte de esta empresa estatal de aguas que actualmente investiga la Audiencia Nacional.  El calvario de Azahara Peralta y Gracia Ballesteros, se ve reflejado en las presiones, amenazas, acoso, despido y en el linchamiento mediático que sufren por parte de medios de la derecha más rancia.

Roberto Martínez y María José Alarcón (Plataforma de Afectados BBService). Son los nombres y rostros de las personas valientes que alertaron el mayor fraude conocido en las residencias de tiempo libre. Recientemente, se cumplieron cinco años de las investigaciones contra el grupo BBservice, que la Guardia Civil desarticuló el 23 de febrero de 2016. La alerta de un grupo de trabajadores ayudó a destapar la mayor estafa conocida en el sector de las residencias que afectó a más de 750 mayores, que recibieron una asistencia en muchos casos lamentable, y a 2.000 empleados. Algunos de ellos estuvieron hasta siete meses trabajando sin cobrar sus salarios y se enfrentaron a graves situaciones de precariedad económica, desahucios incluidos. Es el precio que Roberto Martínez y María José Alarcón, tuvieron que pagar por alertar de esta asquerosa trama de corrupción.

Jaime González Díaz. Siendo funcionario del servicio de contratación de la consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, denunció en 2015 una serie de irregularidades en los contratos firmados para el Plan Infoca 2015-2018 (plan de la Junta andaluza para la lucha contra los incendios en parajes naturales). Por su extensión en casi todas las comunidades, se terminó unificando en una macrocausa en la Audiencia Nacional, de lo que se conoce mediáticamente como el cártel del fuego.

A raíz de aquella denuncia ha sufrido el acosado, la apertura de un expediente y sancionado por sus superiores. Perseguido, acosado y represaliado por exponer la putrefacción en la Junta de Andalucía. Un hombre que a pesar de la adversidad sigue intentando garantizar el futuro de otros alertadores con la creación de una asociación “Alianza Contra la Corrupción”.

Francisco José Sánchez del Águila Ramón. Fue letrado Municipal externo del Ayuntamiento de El Ejido (1987-2008): cesado como denunciante principal y testigo principal -de cargo del Fiscal- de la Operación Poniente. Otro caso de corrupción que afecta al Partido Popular en Andalucía. Actualmente es Presidente de la Asociación Mediterránea Anti corrupción y por la Transparencia (AMAyT) que lleva innumerables asuntos anticorrupción en todo el territorio nacional (Trama Amat, Caso Hispano Almería, Operación Poniente, Medios de Comunicación, corrupción en Coto de Doñana, vertidos residuales en la Costa Tropical, impugnación ante el Constitucional de la Ley de Contratos del Estados y otros). Pero sobre todo, destaca por la defensa leal y valiente, que hace en mi caso contra la UGT Andalucía.

En mis próximas intervenciones en esta columna, seguiré citando la lucha de otras personas valientes que por su trayectoria merecen mi reconocimiento y admiración. Personas que han sacrificado todo por el interés general y, siguen sufriendo las represalias a pesar de la aprobación de una Directiva Europea 1937/2019, que se supone les protege de todo tipo de represalias. Pero en España, el derecho comunitario es ignorado por los tribunales nacionales…